Nuestro país, como otros de su entorno, vive un momento de creciente crispación cultural y atomización individualista. Aunque en ciertos ámbitos se dan avances, nuestro nivel educativo se encuentra estancado, nuestra economía, desindustrializada y nuestra demografía, en recesión. En otras palabras, una situación de franca decadencia. Por si fuera poco, las desigualdades sociales aumentan mientras el debate público es acaparado por acusaciones y crispaciones oportunistas, y las divisiones ideológicas o incluso étnicas, parecen tomarle la delantera a la construcción de la democracia común y de un futuro alentador.

Pensamos que ni la izquierda ni la derecha, tal como el siglo XX las dibujó, pueden ya recogernos. No queremos que un discurso de odio cale entre la población para luego beneficiar sólo a oligarquías multimillonarias ante la perplejidad de una izquierda impotente y pesimista. Ha pasado en otros países y queremos anticiparnos a que pase aquí. Creemos que una izquierda peleada con su pueblo y un pueblo peleado con su izquierda están condenados a la derrota y a los monstruos del sueño de la razón.

Nuestra sociedad ha estado atravesada por demasiadas divisiones de tipo partidista o, más recientemente, etnicista, que han impedido e impiden fatalmente que nuestro debate público esté centrado en las cuestiones que de verdad nos interesan: cómo mejorar nuestro nivel de vida y de trabajo, cómo mejorar nuestra relación con la naturaleza y cómo avanzar hacia una sociedad más justa según los criterios compartidos por la inmensa mayoría de la población española.

No caemos en la fantasía infantil -e irrealizable- de abordar el presente y el futuro ignorando el pasado. El tremendismo y la histerización del debate público son inseparables del malditismo, la ineptitud y la vergüenza con las que el pueblo español se percibe a sí mismo y a su historia. Cualquier despropósito se considera, en el fondo, normal cuando uno cree vivir en el país de los despropósitos. Contra esto, salimos al paso y declaramos que el pueblo español no es culpable. No somos mejores que cualquier otro país de nuestro entorno, pero tampoco peores. El 19 de marzo de 1812 nos convertimos en el tercer país de la Historia en dotarse de una Constitución. De España salieron invenciones como el submarino, la escafandra o el teleférico; se descubrieron las redes neuronales y se hizo el arte vanguardista de mayor calado del siglo XX. Fuimos el primer país en instaurar la jornada laboral de ocho horas y uno de los primeros en adoptar el sufragio universal incluyendo a las mujeres. Todo ello, claro, antes de la hecatombe franquista. La dictadura fue extrema en su crueldad como en su duración. Lo segundo se explica por lo primero. Declaramos que el dictador sanguinario no murió en la cama, sino sobre una inmensa montaña de cadáveres. Por mucho que digan -desde la derecha o desde la izquierda-, el pueblo español no se mereció el Franquismo ni lo apoyó nunca y, cuando en 1977 pudo al fin votar al respecto, optó en un ensordecedor 97% por salir de aquel régimen indigno.

Pensamos que, para encontrarse a sí mismo y ganar la tan necesaria cohesión, el pueblo español necesita atajar varios desequilibrios fundamentales de su régimen político. No pensamos que haya que ahondar en la autonomía de ningún territorio. Antes al contrario, pensamos que se ha ido demasiado lejos en ese sentido, y que este modelo ha alimentado corruptelas, opacidad y oportunismo político de los que enfrentan a los habitantes de una región con los de las demás. De esto es ejemplo paradigmático el gobierno de la Región de Murcia, que ganaba elecciones a base de arengar a la población contra Aragón en el difícil reparto del agua. Por otro lado, creemos que el hojaldre administrativo conlleva una merma de la soberanía democrática al hacer imposible una conciencia ampliamente clara de qué cosas se deciden en qué ámbitos, qué leyes, qué ordenanzas nos atañen a todos, qué derechos fundamentales podemos por ley reclamar desde Cádiz hasta Figueras, desde Cartagena hasta La Coruña. La visión difusa y vaga de las competencias políticas y jurisdiccionales que tiene inevitablemente la población es el caldo de cultivo perfecto para un debate público orientado a nimiedades, rivalidades simbólicas y desafección política generalizada. El hojaldre jurídico-administrativo neutraliza el poder transformador del pueblo español de la misma manera que las diferencias de estatus entre trabajadores, cada uno con un estatuto, un rango y un convenio distintos, hace impracticable o, cuanto menos, improbable, la unión de sus fuerzas.

Creemos, pues, que se ha ido demasiado lejos en general en la descentralización administrativa. Pero al mismo tiempo, nos parece factible y deseable que no todas las instituciones nacionales tengan su sede en una sola ciudad, Madrid. Tal cosa no se corresponde con la realidad social y geográfica española. Dejando aparte algunos órganos centrales como la Moncloa o el Congreso de los Diputados, muchas instituciones deben tener su sede en otras ciudades importantes de España como Valencia, Bilbao, Sevilla, Málaga, Zaragoza o, sobre todo, Barcelona.

Frente a todos los intentos de dividir al pueblo por criterios étnicos, nosotros creemos en una España unida que sume fuerzas. Sabemos que en nuestro país se dan las bases para una espiral identitaria que pueda degenerar en una guerra de tipo balcánico. Y desde aquí condenamos mil veces a quienes desde Madrid, Barcelona u otros lugares estén jugando a encender esa mecha. Creemos que es bueno que todo el mundo en España hable una misma lengua sin que nadie la hable mejor que nadie, y creemos que es igualmente afortunado tener más lenguas. Sería bueno que todo niño español adquiriera, como mínimo, cierta soltura o familiaridad con las otras lenguas de la península. Si quieren saber quiénes somos, somos los que estamos a gusto con la idea de España pero también con la de enseñar catalán en los colegios de Cuenca. Y somos más, muchos más de lo que pueda parecer.

De igual modo, creemos que el pueblo español, por su idiosincrasia, no puede, a largo plazo, encontrar un centro de gravedad estable bajo un régimen monárquico. Todos los países antropológica y culturalmente afines, los países latino-europeos y latino-americanos, son repúblicas desde hace muchas décadas, y el nuestro ya lo ha sido dos veces. No creemos que este sea un cambio urgente ni una prioridad absoluta, pero somos conscientes de que, a largo plazo, un régimen monárquico siempre será incapaz de aunar de buena gana las voluntades del conjunto de los españoles y de representar una identidad con la que puedan encontrarse a gusto.

Tampoco será posible superar heridas históricas ni reivindicar la identidad española sin que ello conlleve una marca ideológica, si no se pasa la página del episodio más traumático de nuestra historia reciente, que no es otro que el Holocausto Español y las decenas de miles de cadáveres que siguen en cunetas por toda la geografía nacional sin un entierro digno. Siempre andaremos cojos y torpes en el mundo si en nuestra casa huele a muerto mal enterrado. Y no nos lo merecemos puesto que, repitámoslo: el pueblo español no fue ni es culpable de los asesinatos de las hordas franquistas, en buena parte extranjeras, sino todo lo contrario. Necesitamos una condena oficial y tajante que nos permita pasar página.

Nuestro país tiene que modernizarse. No porque esté atrasado, sino porque modernizarse es un objetivo fundamental de toda sociedad. No nos resignamos a ser segundones o sirvientes en una Europa dominada por países del norte. Debemos aspirar a que España sea la locomotora, la cabeza de la modernización, de la nueva industria, la jauja de cerebros, un país sin desempleo, contento de recibir población de todos los rincones. Y no el país más desempleado de Europa, del que los cerebros se fugan, y receloso de acoger trabajadores en busca de una vida mejor.

Por todo esto, La Enzina es un llamamiento a la regeneración democrática. El pueblo español palpita de energía transformadora y encontrará en La Enzina un punto de encuentro y de convergencia de sus aspiraciones, de debate público orientado a conseguir el país que aspiramos a ser. Confiamos plenamente en el pueblo, pero este necesita medios de información y de expresión que estén a la altura de sus aspiraciones, y no cargados de ruido, de interferencias de intereses económicos velados o del sensacionalismo político que exalta el morbo de la gresca fútil y alienta la crispación dejando de lado las cuestiones prácticas donde se decide nuestro futuro. Necesita medios donde se discutan las cuestiones cruciales de nuestro tiempo de manera franca y accesible. Todas aquellas que quieran abordar cuestiones de actualidad de la más diversa índole teniendo como telón de fondo la búsqueda de una España más justa, más unida y más avanzada en lo social, en lo cultural y en lo económico, tendrán en La Enzina su tribuna, su foro, su revista.