______________________

Versión original en francés en Le Vent Se Lève, por William Bouchardon

Tras tres presupuestos «austeritarios» adoptados por 49.3 desde 2022, la cólera de los franceses contra unos servicios públicos exangües y una fiscalidad cada vez más regresiva no deja de crecer. Si bien los macronistas esperaban escapar a una censura gracias a concesiones menores al Partido Socialista y al Reagrupamiento Nacional, así como a un «diálogo social» que permitiera adormecer a los sindicatos, la amenaza de un movimiento de gran envergadura el 10 de septiembre, que recuerda a los chalecos amarillos, los llevó a cambiar de táctica. Mientras que la marcha de François Bayrou es casi segura, Emmanuel Macron conserva varias cartas para continuar su empresa de destrucción: nombramiento de un nuevo gobierno de derecha dura, amenaza de disolución o incluso presión de los mercados financieros. Puesto que unas nuevas legislativas tienen pocas posibilidades de clarificar la situación política, la salvación no parece poder venir más que de la movilización popular. A condición de que se extraigan las lecciones del pasado reciente.

«En la rentrée [vuelta de las vacaciones], habrá una confrontación entre la realidad y las ideologías.» Esto declaraba François Bayrou durante una enésima rueda de prensa destinada a defender su presupuesto austeritario que prevé 44 000 millones de euros de sangrías adicionales en el gasto público. Una frasecita que retoma el estribillo habitual de los neoliberales: la deuda pública es un mal absoluto, solo un desmantelamiento del Estado podrá resolverlo, por mucho que digan los «ideólogos». Estas palabras despectivas bien podrían volverse contra la macronía: la ideología austeritaria, combinada con la «política de la oferta» consistente en multiplicar los regalos fiscales a los más ricos y a las empresas, es precisamente la que ha creado más de un billón de euros de deuda adicional bajo el reinado del «Mozart de las finanzas». Si hay, pues, una «realidad» al término del mandato de Macron, es la del empobrecimiento de los franceses, el hundimiento de los servicios públicos y una economía con una falta crítica de inversión.

LA Vª REPÚBLICA, CADA VEZ MÁS AUTORITARIA

Hasta ahora, Emmanuel Macron había logrado, a duras penas, evitar un nuevo movimiento social de gran envergadura contra su política, cuando su primer quinquenio estuvo marcado por el de los Chalecos Amarillos y el segundo comenzó con meses de movilización contra una reforma de las pensiones injusta e injustificada. Cierto es que su apuesta de disolver la Asamblea Nacional para reforzar su campo o cohabitar con el Reagrupamiento Nacional (RN) había fracasado, al haber obtenido el Nuevo Frente Popular el mayor número de escaños. Pero el bloqueo político del país en tres campos le permitió retomar la iniciativa. Violando la costumbre republicana, por la que el jefe del Estado nombra a una personalidad procedente del grupo con el mayor número de diputados, prefirió sellar una alianza minoritaria con Los Republicanos [la derecha tradicional] mediante el nombramiento de Michel Barnier.

Es en este contexto de huida hacia adelante autoritaria y de ensañamiento austeritario donde surgieron en las redes sociales llamamientos para lanzar un gran movimiento social el 10 de septiembre.

La obstinación del «bloque central» por defender los intereses de la oligarquía y suprimir decenas de miles de millones de euros en todos los presupuestos salvo los del ejército y la seguridad interior, condujo sin embargo rápidamente a la censura de este último, después de solo tres meses en Matignon [palacio de residencia del primer ministro]. Pero, una vez más, la Constitución de la Vª República demostró su utilidad para permitir al Ejecutivo sortear los bloqueos parlamentarios. Macron nombró rápidamente a otro primer ministro retomando la misma política, François Bayrou, que logró hacer aprobar el presupuesto de 2025 recurriendo al artículo 49.3 [que permite aprobar medidas sin pasar por el parlamento]. Disposiciones totalmente antidemocráticas pero permitidas por la Constitución del «golpe de Estado permanente».

Para evitar correr la misma suerte que su predecesor, Bayrou no tuvo más que recurrir al miedo a la «inestabilidad» y a un ataque de los mercados financieros sobre la deuda francesa. Inmediatamente, el RN [Reagrupamiento Nacional, de Marine Le Pen], cuyo programa económico es ya casi idéntico al del «bloque central», y el Partido Socialista, más preocupado por parecer «serio» ante la burguesía que por respetar a sus electores, aceptaron no censurarlo a cambio de magras concesiones. Entre ellas, un «cónclave» sobre las pensiones, que se esfumó muy pronto: al fijar un estricto marco de rigor a respetar y apoyarse en el MEDEF para representarlo, el gobierno limitó desde el principio el alcance de la discusión con los sindicatos. Finalmente, casi todos se levantaron de la mesa, a excepción de los sindicatos patronales y de los más conciliadores, en particular la CFDT, cuya secretaria general afirma no arrepentirse «de haber jugado el juego del diálogo social».

Una sucesión acelerada de gobiernos que ilustra hasta qué punto el problema se sitúa más en el Elíseo que en Matignon. El 67 % de los franceses reclaman, por lo demás, la dimisión de Emmanuel Macron.

La no censura del PS y del RN y el involucramiento de los sindicatos en esta comedia estéril permitieron a Bayrou ganar unos meses en el poder, durante los cuales todos los asuntos políticamente arriesgados se pospusieron. La única ley importante adoptada desde enero fue la ley Duplomb, que lleva el nombre de un senador lobista de la FNSEA, que reintroduce pesticidas peligrosos para la salud, desregula a diestro y siniestro para multiplicar las mega-balsas, las macro-granjas y autoriza la fumigación con pesticidas por dron. Su recorrido legislativo resume por sí solo la deriva antidemocrática que permite la Vª República: adoptada por el Senado, cámara elegida indirectamente donde la derecha conserva la mayoría, fue rechazada por sus propios apoyos en la Asamblea Nacional para evitar la obstrucción de la izquierda, ¡antes de ser aprobada en una Comisión Mixta Paritaria (instancia que reúne a 7 parlamentarios de cada cámara, ndlr) donde los debates son a puerta cerrada! A pesar de la propaganda que vende esta ley como un «apoyo a los agricultores», más de dos millones de franceses firmaron una petición ciudadana en la web de la Asamblea Nacional para expresar su oposición a este texto. Pero solo se concedió un debate sin voto.

UNA REVUELTA POPULAR QUE RETUMBA

Tras el incumplimiento del referéndum de 2005, el recurso cada vez mayor al 49.3, el irrespeto a los resultados de las urnas y el desprecio por la democracia social, las herramientas de democracia participativa son a su vez pisoteadas, como ya ocurrió con la Convención Ciudadana por el Clima, enterrada por Macron. Es en este contexto de huida hacia adelante autoritaria y de ensañamiento austeritario donde surgieron en las redes sociales llamamientos para lanzar un gran movimiento social el 10 de septiembre. Tras el precio de la gasolina, esta vez fue la supresión de dos días festivos lo que federó las cóleras. Pero las brasas ya estaban calientes antes de esta chispa adicional: poder adquisitivo mermado por la inflación, servicios públicos cada vez más debilitados, multiplicación de escándalos en los gobiernos sucesivos, revelación de 211 000 millones de euros al año en ayudas a las empresas, arrogancia de los gobernantes…

El hecho de que esta iniciativa no venga ni de los partidos políticos ni de los sindicatos recuerda la movilización de los Chalecos Amarillos en 2018-2019, el mayor movimiento social francés desde mayo de 1968. Las reivindicaciones de justicia fiscal, de instauración de un referéndum de iniciativa ciudadana (RIC), de subida de salarios y de confrontación con la Unión Europea remiten igualmente a la cólera popular de hace siete años, al igual que los llamamientos a bloquear los centros logísticos y los ejes de transporte, además de una «huelga general». Para una mayoría de franceses, en efecto, ya no hay mucho que esperar de las elecciones, desembocando en un bloqueo que permite a las instituciones seguir funcionando sin legitimidad democrática, ni de los sindicatos, cuyas jornadas de huelga dispersas fracasaron en bloquear la reforma de las pensiones hace dos años. La calle parece ser el único espacio que queda para expresarse, a pesar de la represión policial.

Cierto es que, en este punto, resulta difícil saber hasta qué punto este movimiento social será de envergadura, quién participará, bajo qué forma y cuánto tiempo durará. La voluntad de los apoyos del movimiento del 10 de septiembre de evitar cualquier «recuperación» política basta, en todo caso, para hacer temblar al gobierno, que no tendrá interlocutores a los que amaestrar. Cierto es que La Francia Insumisa [partido de Jean-Luc Mélenchon], y luego los comunistas y los ecologistas, anunciaron su apoyo al movimiento dejándole su autonomía, extrayendo así las lecciones de los chalecos amarillos. Pero, contrariamente a las afirmaciones de la prensa, que ya acusa a Jean-Luc Mélenchon de querer el caos absoluto en las calles, este tendrá poca capacidad de influencia sobre un movimiento que parece tener más similitudes con la revuelta serbia, donde el pueblo se autoorganiza.

SACRIFICIO DE BAYROU, REPRESIÓN, DISOLUCIÓN: LAS CARTAS DE EMMANUEL MACRON

Los dos meses que separan los primeros llamamientos de la fecha de movilización habrán permitido, sin embargo, al poder prepararse. Mientras los planes de despliegue de los CRS [antidisturbios] se preparan en las prefecturas, también se anuncia el 10 de septiembre un «consejo de defensa sobre la guerra informacional» y las injerencias extranjeras, lo que hace temer medidas de bloqueo de las redes sociales si el movimiento se volviera amenazante. Así, la red TikTok había sido bloqueada en Nueva Caledonia [territorio francés en Oceanía, en revuelta popular el pasado año] el año pasado y el gobierno también había barajado cortar el internet móvil, mientras que el fundador de la aplicación Telegram fue detenido (está desde entonces en libertad condicional, ndlr) en Francia el año pasado para forzar a su mensajería a cooperar más con las fuerzas de policía.

Sabiendo que la respuesta represiva no bastará, Emmanuel Macron decidió sacrificar a François Bayrou. Sin grandes remordimientos, puesto que este último había impuesto su nombramiento como primer ministro amenazando con retirar el apoyo de su partido, el MODEM, a la alianza gubernamental. Al forzar a Bayrou a pedir la confianza de los diputados el 8 de septiembre durante una sesión extraordinaria, el Presidente de la República no hace sino anticipar el examen de la moción de censura presentada por los insumisos prevista para el 23 de septiembre, que sin duda habría prosperado. Los socialistas y el Reagrupamiento Nacional, además de los insumisos, los comunistas y los ecologistas, habiendo anunciado que no le otorgarían su confianza, su gobierno estaba ya condenado. Al adelantar el calendario, Macron espera que esa censura, la segunda en nueve meses, permita contener los bloqueos previstos para el día siguiente.

Es entonces cuando persiste la incertidumbre: si la movilización no es fuerte, el Presidente de la República podrá seguir desmembrando los servicios públicos y vendiendo el país a trozos. El gobierno actual, por lo demás, podría no abandonar el poder de inmediato, pues la experiencia del gobierno dimisionario de Gabriel Attal, que permaneció dos meses más de lo previsto en Matignon el verano pasado, mostró cuán flexibles son las reglas de la Vª República. Más probablemente, Macron podría entonces nombrar a otro primer ministro de derechas que retome a los mismos ministros y, sobre todo, la misma línea política. Una sucesión acelerada de gobiernos que ilustra hasta qué punto el problema se sitúa más en el Elíseo que en Matignon. El 67 % de los franceses reclaman, por lo demás, la dimisión de Emmanuel Macron.
Si el país llegara a quedar severamente bloqueado, el jefe del Estado dispondrá, sin embargo, de otra carta : una nueva disolución de la Asamblea Nacional. Habiendo perdido ya muchos diputados el año pasado, Macron no tiene mucho que perder allí. En cuanto a una victoria potencial del Reagrupamiento Nacional, podría convenirle a Macron, que prefiere cohabitar con Jordan Bardella antes que redistribuir las riquezas. Si el retorno a las urnas nunca es algo malo, las posibilidades de obtener una clarificación política y una mayoría son escasas. Pero esta opción presenta la ventaja para el poder de canalizar la energía de los representantes políticos y de los medios hacia una elección antes que hacia la movilización social. Mientras tanto, un gobierno tecnocrático podría implementar las medidas de austeridad exigidas por la Comisión Europea.

ATAQUES DE LOS MERCADOS vs PRESIÓN POPULAR

Para hacer pasar su política cada vez más impopular, la oligarquía y sus representantes se afanan ahora en sabotear la confianza en la deuda francesa, repitiendo por doquier que el país está en bancarrota y que los mercados financieros pronto no nos prestarán más, o lo harán a tipos prohibitivos. Los medios multiplican ya los gráficos sobre los spread (diferencia de tipos de interés, ndlr) entre Francia, Alemania, Italia o Grecia y preguntan a sus «expertos» por el riesgo de una tutela del Fondo Monetario Internacional (FMI). Escenas surrealistas cuando la demanda de deuda francesa en los mercados sigue siendo muy superior a la oferta, cuando el coste de la deuda se mantiene contenido y cuando existen múltiples soluciones: una bajada de los tipos directores del BCE, la anulación de las deudas que detenta, otra política fiscal para llenar las arcas del Estado, medidas proteccionistas que reducirían el déficit comercial francés y alimentarían el presupuesto. Pistas, sin embargo, jamás debatidas seriamente.

Pero esta musiquilla de un país al borde de la bancarrota apunta en realidad a crear una profecía autorrealizadora de la que los mercados financieros se deleitan: si los tipos de interés de Francia empiezan a subir, entonces otros prestamistas juzgarán más elevado el riesgo y exigirán una prima mayor, alimentando un ciclo infernal. Los promotores de la rigidez podrán entonces invocar la «carga de la deuda» para justificar aún más recortes presupuestarios, que a su vez debilitarán la economía destruyendo la demanda y la inversión, alimentando así un círculo vicioso. Un método eficaz para privatizar a mansalva, ya probado con éxito en numerosos países europeos desde hace quince años.

Para desbaratar este escenario, la movilización social deberá ser masiva y organizarse en torno a objetivos claros. Si la oposición al presupuesto contemplado federaba por el momento a los apoyos del 10 de septiembre, al poder no le faltan medios para dividir el movimiento, por ejemplo dejando aumentar el nivel de violencia para aterrorizar a los participantes pacíficos o proponiendo «aumentar el salario neto» suprimiendo cotizaciones destinadas a la Seguridad Social. La emergencia de reivindicaciones fuertes y coherentes es, por tanto, necesaria para evitar tal sabotaje. En el plano político, la dimisión de Emmanuel Macron, la instauración del RIC y el paso a una VIª República serán indispensables para poner fin a la deriva autoritaria actual. En el plano económico, no faltan propuestas de justicia fiscal, pero la mera redistribución no llegaría a resolver los males de la economía francesa, que necesita asimismo proteccionismo e inversiones masivas para la reindustrialización. Puntos sobre los cuales la aportación de intelectuales o de personalidades políticas competentes podrá ser beneficiosa.

PARA LOS PARTIDOS Y LOS SINDICATOS, UN EQUILIBRIO QUE ENCONTRAR

La cuestión de la articulación entre las organizaciones tradicionales, en particular los partidos y los sindicatos, y la movilización de un pueblo ampliamente no afiliado a partidos ni sindicado será aquí decisiva. Cada bando necesitará en realidad al otro. Por una parte, los participantes en el movimiento necesitarán representantes y el antiparlamentarismo está condenado al callejón sin salida: sin acceso al poder legislativo, esperar transformar la sociedad será vano. Por otra, los partidos de izquierda que han apoyado el movimiento tienen todo el interés en no tratar de infiltrarlo y controlarlo, so pena de acentuar el rechazo hacia ellos y quedarse con sus militantes habituales, insuficientes en número para torcer el brazo a Macron. En este plano, las primeras declaraciones – Jean-Luc Mélenchon hablando, por ejemplo, de «ayudar y servir al movimiento» evitando toda «recuperación» – son más bien alentadoras. Falta ver cómo se traducirán después.

La misma cuestión se plantea con los sindicatos, cuya experiencia puede ser útil a quienes se manifiestan por primera vez y cuya presencia, incluso reducida, en sectores estratégicos (transporte, energía, refino, gestión de residuos…) es decisiva para «pararlo todo». Sin embargo, las estrategias opacas de las centrales sindicales, a menudo más prontas a participar en cualquier «diálogo social» que a apoyarse en la cólera popular para entablar un pulso, les han hecho perder la confianza de numerosos asalariados. Deberán extraerse las lecciones del fracaso de la movilización contra la reforma de las pensiones: cuando la victoria se había logrado en las cabezas -con una amplísima mayoría de franceses opuestos a una reforma de cuyas consecuencias se habían percatado-, y en la Asamblea Nacional, -puesto que el texto jamás fue votado (se impuso por 49.3, ndlr)-, los sindicatos tenían la responsabilidad de organizar la cólera popular bloqueando el país. La mayoría de los ciudadanos estaban listos para ello, como atestiguan las jornadas de movilización que reunieron a uno, dos, incluso tres millones de personas en la calle, y las donaciones históricas a las cajas de huelga. Sin embargo, los sindicatos habitualmente más combativos, como la CGT y Solidaires, prefirieron conservar la unidad de la intersindical a toda costa, alineándose así con la estrategia perdedora de «huelga a cuentagotas» promovida por la CFDT.

Si Solidaires y la CGT, impulsada por sus federaciones más combativas (química, minas y energía, comercio), anunciaron que se sumaban al movimiento del 10 de septiembre haciendo huelga, los demás sindicatos no se adhieren a estos llamamientos. Por supuesto, la pérdida de salario y la represión patronal invitan a no lanzar llamamientos a la huelga general demasiado a la ligera, so riesgo de desanimar a las tropas. A la vista de la atmósfera social, sin embargo, parece que hoy el hierro está al rojo y no espera más que ser forjado.