En estos momentos de pandemia y con el recuerdo de la reciente crisis del 2008, vuelve a preocupar en primer plano la situación laboral en nuestro país.

Somos conscientes de que la paralización del país por motivo del covid-19, al igual que ha sucedido en muchos otros países afectados, ha paralizado también la economía y ha conllevado la desaparición de puestos de trabajo. Pero en nuestro país en concreto, este tema se vuelve más preocupante, ya que la tasa de desempleo en España es históricamente más elevada que la media de la UE. Y con cada crisis, esto se agrava.

Nada más estallar la pandemia, se abre de nuevo debate político sobre la necesidad de reindustrializar el país. Pocos meses después, Nissan cierra, con 25 000 empleos en riesgo; y también anuncia su cierre Alcoa, afectando a unos 500 trabajadores. Actualmente, España es el segundo país con mayor tasa de paro de la UE.  

Fuente: OCDE [https://data.oecd.org/unemp]

Ciertas relaciones de dependencia condicionan la economía y su reparto, así como las relaciones internacionales de poder. En la tarea de abordar el modelo productivo y la necesidad de integrar la modernización productiva con la creación de empleo, Ignacio Muro Beneyas, economista y profesor en la universidad Carlos III, señala tres caminos posibles a la hora de abordar un cambio de modelo.

El primero, un fuerte impulso de políticas públicas sectoriales, impulsando a su vez la competitividad de las PYMES. Ello requiere un poder político y un gran consenso social en la necesidad de redistribuir la riqueza. Es necesario poner el grueso de los recursos posibles al servicio de estas políticas económicas. El segundo, desarrollar un modelo más centrado en favorecer que se generen fuertes empresas transnacionales propias, con el riesgo de sacrificar la competencia y los equilibrios sociales internos. Y el tercero, basar el modelo en ganar competitividad mediante la devaluación del coste de fuerza de trabajo, capacitada y no conflictiva, y una protección a los derechos del inversor, acompañada de exenciones fiscales.

Es interesante adoptar este punto de vista, ya que la elección afecta a la empleabilidad, el bienestar social y el desarrollo, más allá de la elección del sector económico a potenciar. España es un alumno aventajado de ¿qué tipo de vía? En opinión del autor, de la segunda. Aunque parece que la tercera vía, de abaratamiento de costes de mano de obra, está bastante instaurada.

La crisis de 2008 golpeó con fuerza. En abril de 2012, el FMI pide bajar pensiones por “el riesgo de que la gente viva más de lo esperado”, cree que la longevidad es «un riesgo financiero» y pide a España en sucesivas ocasiones rebajar los sueldos hasta el 10% para crear empleo, a la vez que elogia la reforma laboral de 2012. Propuesta de rebaja salarial apoyada también por el vicepresidente económico de la Comisión Europea, Olli Rehn. Seguramente, estas medidas adoptadas tienen que ver en el reparto de la riqueza de los últimos años respecto al PIB que se genera.

Fuente: INE, Contabilidad nacional anual de España
EBE= Excedente Bruto de Explotación. Es el resultado de restar al PIB (Producto Interno Bruto) la remuneración correspondiente de los asalariados, el consumo de capital fijo y los impuestos indirectos de la actividad económica.

Como vemos, la participación de los salarios respecto del total del PIB desde que empezó la crisis ha tenido una tendencia más bien hacia la baja. De todas formas, esta línea representa el agregado de los salarios en total. Para hacernos una idea de la desigualdad, podemos valorarlo con el coeficiente Gini, y en España representa de los valores más altos en Europa.

Fuente: Banco Mundial [https://datos.bancomundial.org/]

Según Intermón Oxfam, a día de hoy España es el cuarto país más desigual de la Unión Europea, el segundo en el que la diferencia entre ricos y pobres se ha hecho más grande en los últimos tiempos. Sin embargo, aparte de los recortes sociales impuestos y del triple trasvase de riqueza que hubo durante la crisis, se criticaba al modelo económico como uno de los factores responsables o agravantes de la situación.

PORCENTAJE DEL PIB ATRIBUÍDO AL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN ENTRE 1989 Y 2019

Fuente: OCDE [https://data.oecd.org]

Tal y como se ve en el gráfico, desde antes de 2005 y hasta 2010, la construcción en España como actividad económica en relación al total del PIB es mayor que en cualquier otro país de la OCDE.

¿Qué pudo dar lugar a esta desproporción? Según Ignacio Muro Beneyas, las plusvalías inmobiliarias han sido la contrapartida a la pérdida de un recurso: la venta de nuestro suelo y subsuelo urbano, nuestra costa, pero que alimentó un sistema financiero hipertrofiado capaz de financiar el asentamiento y la expansión global de núcleos duros de poder «nacionales» que se asentaron en las empresas privatizadas. Proceso llevado durante 25 años para acumular capital, para impulsar el tamaño de nuestro sistema financiero y la expansión internacional de nuestras corporaciones.

El autor considera que en la etapa de 1980 hasta 1998, se facilita la entrada de capital extranjero, anualmente alrededor de un 6% en términos netos por Inversión Extranjera Directa (IED)[1]. Se da inicio a la privatización y musculación de nuestras corporaciones, aunque reservando un cierto control público de estas.

[1] Es una inversión que tiene por finalidad adquirir un interés durable en una empresa, cuya explotación se produce en un país que no es el del inversor. La misma es entendida como una colocación de capital a largo plazo. Un inversor establece operaciones comerciales en el extranjero o adquiere activos comerciales extranjeros en una empresa extranjera. Se distinguen de las inversiones de cartera en las que un inversor simplemente compra acciones de empresas extranjeras. La característica clave de la inversión extranjera directa es que establece un control efectivo o al menos una influencia sustancial sobre la toma de decisiones de una empresa extranjera.

En esa etapa se dio otro proceso que afectó a nuestro modelo productivo enormemente. Fue la reconversión industrial. La incorporación a la Comunidad Económica Europea (1986) obligó a un proceso culminante de desmantelamiento industrial durante el mandato de Felipe González a partir de 1986. También se limitó la capacidad productiva de sectores de la agricultura como el lácteo, vid, olivo, entre otros. En 1974, España era la décima potencia mundial a nivel industrial. La balanza comercial gozaba de superávit. Un ejemplo es la siderurgia en Sagunto. “La fábrica de Sagunto, una de las fábricas siderúrgicas más competitivas del mundo, que nos habría ahorrado ser estructuralmente deficitarios en productos siderúrgicos planos -los destinados a la fabricación de automóviles y electrodomésticos-, se aparcó en beneficio de la paz social a corto plazo y de la paz con nuestros vecinos en las negociaciones para entrar en el Mercado Común”[2]. En 1986 ocurre otro hecho simbólico, la venta de SEAT, entonces en manos del Estado a Volkswagen.

[2] Fuente: Autor, “El puerto del acero. Historia de la siderurgia de Sagunto (1900-1984)”. (Editorial).

En la segunda etapa, entre 1999 y el 2006, se localizan las salidas de IED, un 6% también. Se acelera y culmina el proceso, expulsando al Estado de sus posiciones de control y patrocinando una elite empresarial cercana al poder. En palabras del ministro Rodrigo Rato, 2001, sacrificar la competencia en el mercado interior español (en energía, telecomunicaciones, banca, construcción…) si con ello «nuestras empresas» ganaban tamaño. España profundiza en su condición de “una economía de servicios”. En concreto, de servicios públicos o servicios “no comerciables” en Iberoamérica, donde gana influencia y tamaño:  telecomunicaciones, electricidad, sistema financiero (seguros y banca), correos, aguas, infraestructuras y energía (gas y electricidad). Sectores estratégicos, donde una vez consolidada su expansión en Iberoamérica, se dio un salto parcial al mercado europeo.

En definitiva, la oligarquía financiera española renunció a sectores estratégicos nacionales a cambio de poder participar de las cuotas de ganancia en Iberoamérica. Por otro lado, se da paso a una especialización que no tiene ningún tipo de arrastre sobre las exportaciones, como sí lo ofrecería un modelo de internalización basado en la industria, que daría impulso a su vez a las PYMES.

España profundizó en su condición de país de servicios. Un sector que agrupa en un mismo cajón el 66% del PIB y el 70% del empleo total, donde se juntan actividades de alto valor económico y alta capacidad de tracción futura, la más vinculada a la economía del conocimiento, con otras secundarias y marginales para el devenir económico. Veamos la comparativa de nuestros sectores productivos con los de la UE en su media, y con Francia y Alemania.

Según un informe del Eurostat, “el cambio hacia una economía de servicios es una tendencia a largo plazo ya observada en la UE en la segunda mitad del siglo XX. En 2018, el empleo en servicios representó el 74% del empleo total en la UE en comparación con el 66% en 2000, mientras que el empleo en la industria disminuyó del 26% en 2000 al 22% en 2018 y la agricultura se redujo a la mitad del 8% al 4%. En cuanto al valor agregado, los servicios generaron el 73% del valor agregado total en 2018, la industria el 25% y la agricultura el 2%.”

El informe también señala en qué países tiene mayor importancia cada sector (primario, secundario o terciario) en proporción al resto de la UE: “Entre los Estados miembros, la proporción del empleo agrícola en 2018 fue la más alta en Rumania (23% del empleo total), Bulgaria (18%), Grecia (11%) y Polonia (10%), mientras que la proporción más alta de empleo industrial se observaron en Chequia (37%), Eslovaquia (32%), Polonia (31%), Rumania y Eslovenia (ambos 30%). Las actividades de servicio representaron el 80% del empleo total o un poco más en los Países Bajos, el Reino Unido, Bélgica, Malta, Francia, Luxemburgo y Dinamarca.”

El sector “Comercio mayorista y minorista transporte alojamiento y comida” es el primero en generar empleo, tanto en la media de la UE como en España. No es el caso de Francia y Alemania, pero en estos países ocupa el segundo lugar. El sector público, que agrupa educación, salud, trabajo social, e incluye defensa… es el segundo en la creación de empleo en la media de la UE, y el primero en Francia.

Destacan también actividades que ocupan valor en el PIB pero que apenas producen empleo, como son las actividades relacionadas con el sector inmobiliario (Real Estate) y en menor medida, pero también, el sector de seguros y finanzas.

En definitiva, convendría impulsar sectores económicos en España que sean generadores de empleo. Dentro del sector servicios, se debe velar por la remuneración en los trabajos que tienen que ver con los cuidados, por ejemplo. “En España se trabajaron gratis, en materia de cuidados, 130 millones de horas diarias en 2018” (Oxfam). Gran parte de esta actividad fundamental para la sociedad no aparece contabilizada en el PIB, ya que no se remunera.

Y, aunque en el sector industrial se genere empleo en una proporción menor de lo que este representa respecto al PIB, poniendo la vista en la generación de empleo de calidad, debemos valorar que los puestos de trabajo ligados a la industria son los mejor remunerados en general.  Tal y como destaca el INE en su informe de 2019 (los datos proporcionados en este informe son de 2017): La industria es el sector con mayores costes laborales. Otro motivo por el que conviene reindustrializar el país, es porque en la balanza de pagos la cuenta de bienes es deficitaria, tal y como se muestra en los gráficos siguientes. Por otro lado, conviene asegurar la capacidad de fabricación de ciertos bienes básicos, ya que depender del exterior supone un riesgo de desabastecimiento, como hemos visto con los productos sanitarios durante la pandemia.

Fuente: INE

Balanza de pagos: cuentas corriente y de capital

Fuente: Banco de España
Fuente: Banco de España

Otro de los cambios a abordar sería la dependencia energética.

Fuente: INE

A pesar de que la dependencia energética ha mejorado -ha disminuido respecto a los años iniciales de la gráfica-, sigue siendo un lastre para la economía. Cierto es que el petróleo supone un 42% del consumo total en energía, y no somos un país productor, por lo que tenemos que importarlo. Pero el resto de consumo, con una adecuada política basada en impulsar aún más las energías renovables, podría ser satisfecho sin depender de más importaciones. A día de hoy estamos aún sólo en un 40% de generación renovable sobre el total de fuentes de generación eléctrica (tabla derecha). En la siguiente tabla (izquierda) vemos como “Productos energéticos» es el sector económico que más lastra nuestra balanza comercial.

Fuente: INE

Evolución de la generación renovable/ no renovable y emisiones de CO2 asociadas a la generación de energía eléctrica. Sistema eléctrico nacional

Fuente: Red Eléctrica España www.ree.es

Esta dependencia energética, junto con la permisividad a la hora de dejar dictar precios abusivos por parte del oligopolio energético, aparte de perjudicar a los consumidores, es responsable de que fábricas como Alcoa puedan alegar altos costes de energía entre sus problemas estructurales, como motivo de cierre.

Como consecuencia de lo expuesto, vemos la necesidad de que el modelo productivo camine en favor de desarrollar actividades económicas que vayan asociadas a una alta tasa de ocupación. Los poderes públicos deben velar por que ciertas actividades del sector servicios, como por ejemplo en materia de cuidados, constituyan ocupación remunerada y computen como empleo. Por último, hace falta un impulso del sector industrial, históricamente desmantelado, dirigido a actividades económicas que aporten valor al conjunto de la sociedad y que generen el mínimo impacto medioambiental.