Cuando se habla de la Constitución Española entre gente de izquierdas de este país, generalmente imperan ideas del tipo “queda muy bonita escrita, pero cumplirla ya es otra cosa” o “la escribieron para que pareciese que hacían algo, pero todos sabemos que es papel mojado y que no sirve para nada”. No es de extrañar. Ni en el colegio, ni en el instituto nos enseñan el verdadero valor de este texto para nuestro país. Como tampoco aprendemos por qué algunos de sus artículos “cuesta” más cumplirlos que otros. Pero para eso estamos aquí. Si con este artículo conseguimos tener claras varias claves que nos permitan entender nuestra Carta Magna y el uso que podemos hacer de ella, yo como redactora me daré por satisfecha.

Para empezar, hay una cuestión que debe quedar meridianamente clara. La Constitución es la norma suprema del Ordenamiento jurídico español. El Ordenamiento jurídico español es todo el conjunto de leyes y normas con fuerza de ley, organizadas de manera jerárquica, vigentes en el Estado. Y en la cúspide de esa jerarquía se encuentra la Constitución. Jurídicamente esto quiere decir que cualquier norma o ley que se oponga a los preceptos constitucionales es ilegal. A este tipo de ilegalidad se le llama inconstitucionalidad.

Estando las cosas de esta manera. Si en el artículo 47 de la Constitución española dice:

Todos los españoles tienen derecho a disfrutar una vivienda digna y adecuada.

Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación ….

¿Cómo es posible entonces que los desahucios sean perfectamente legales?

Si en el artículo 50 de la Constitución española dice lo siguiente:

Los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad. Asimismo, y con independencia de las obligaciones familiares, promoverán su bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán sus problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio

¿Por qué nos encontramos con una realidad en la que las pensiones ni son adecuadas, ni están periódicamente actualizadas?

¿No son estas situaciones, según los principios organizativos que rigen el Estado de Derecho, ilegales? ¿No vulneran ambas, el propio Título I de nuestra Constitución “De los derechos y deberes fundamentales”? Veréis queridos lectores, hay un refrán que dice “Quien hizo la ley, hizo la trampa”. Bien, pues entonces, tendremos que desentrañar la trampa.

Es de mucho interés analizar por un lado, el artículo 66.2. de la Constitución española, que dice así,

Las Cortes Generales ejercen la potestad legislativa del Estado, aprueban sus presupuestos, controlan la acción del gobierno y tienen las demás competencias que les atribuya la Constitución.

Y, por otro lado, analizar el Capitulo tercero del Titulo I de la Constitución, “De los principios rectores de la política social y económica”, en el que la mayoría de los artículos contienen una formula de este tipo: “Los poderes públicos asegurarán, promoverán o fomentarán…”.  

Podríamos decir que una parte de estos poderes públicos son las Cortes Generales (Artículo 66.2. CE). Pues son estas las que regulan mediante leyes o normas con fuerza de ley el cumplimiento de los artículos presentes en la Constitución.

Otra parte bastante importante de esos “poderes públicos” es el Tribunal Constitucional. ¿Os acordáis de aquellas leyes que vulneran claramente el artículo 47 de nuestra Carta Magna al amparar los desahucios en beneficio de la banca? El único órgano que tiene el poder para declararlas inconstitucionales y, por lo tanto, dejarlas sin efectividad es el Tribunal Constitucional. Podríamos decir que la interpretación que el Tribunal Constitucional hace de la Constitución determina qué artículo se cumple más y qué artículo se cumple menos.

El Tribunal Constitucional se compone de 12 miembros, cuatro propuestos por el Congreso, cuatro propuestos por el Senado, dos propuestos por el Gobierno, y dos propuestos por el Consejo General del Poder Judicial. No es descabellado intuir que la composición política de estas cámaras pueda tener alguna influencia en la interpretación que el Tribunal hace de nuestra Carta Magna.

Una vez conocida la trampa está claro que es bastante duro plantearse entrar en lucha con estos titanes para proteger los derechos que nuestra propia Norma Suprema nos otorga. Pero por lo menos tenemos conciencia de a qué nos enfrentamos.

Nuestra Constitución tuvo siete padres; tres eran de Unión de Centro Democrático, uno de Convergencia democrática de Cataluña, uno de Alianza Popular, uno del PSOE y, yo diría que el más importante, Jordi Solé Tura, del PCE. Muchos sabemos que, para entonces, el PCE, ya revisionista, se había derechizado y había renunciado a la República. Pero, aun así, tal vez a este hombre es a quien tenemos que agradecer los importantes derechos recogidos en el Capítulo Tercero del Titulo I de nuestra Constitución, entre los que se encuentran nuestro derecho a la vivienda, a la educación, a la salud, y a las pensiones. Unos derechos que podrán cumplirse si el pueblo conquista tanto las Cortes Generales como el Tribunal Constitucional.

Habrá muchos que planteen: ¿Y qué pasa con aquellos artículos de la Constitución que no son tan progresistas y nos gustaría cambiar? Pues existen procedimientos de reforma de la Constitución española. Pero eso es un tema para otro artículo.