Desde que el coronavirus llegó a nuestras vidas hemos pasado por un estado de alarma, por una desescalada, por tres olas pandémicas, y ahora mismo nos encontramos de nuevo en un estado de Alarma.

Después de casi un año observando la actuación del gobierno es hora de analizar los pasos dados, teniendo en cuenta las dificultades que por nuestra idiosincrasia se han tenido que sortear, pero también aquellas cosas que se deberían haber hecho mejor. Recapitulemos:

Lo bueno

El 15 de marzo de 2020 el gobierno declara estado de alarma por la emergencia sanitaria para poder imponer un confinamiento estricto a la población y prevenir contagios. Este confinamiento dura hasta el 28 de abril. El 28 de abril comienza un plan de desconfinamiento, por desescalada, adaptado a las necesidades de cada comunidad autónoma. Finalmente, el estado de alarma termina el 21 de junio de 2020 con solo 141 positivos de Covid-19. Desde luego una mejora respecto al 31 de marzo, cuando se registraron 9222 infectados.

Se podría decir que este primer estado de alarma debería haber durado más. Pero ¿realmente es así? Personalmente considero que el gobierno ha pactado hasta con el diablo para mantener el marco legal para las restricciones de movilidad tanto como fuera posible. Porque desde luego la oposición no se lo ha puesto nada fácil.

El 20 de marzo de 2020, el gobierno admite problemas de desabastecimiento de mascarillas y material sanitario. El 17 de abril aterriza el avión IL-76 del operador logístico del Ministerio de Defensa en Madrid con cuatro máquinas para producir mascarillas.

El 23 de marzo se funda el Hospital de campaña IFEMA, un recinto, acondicionado de urgencia en 48 horas con unas 5500 camas para pacientes hospitalizados por Covid-19. Tras un periodo de desorganización inicial de una semana el 31 de marzo la OMS felicita el trabajo realizado.

A finales de abril unos 3,38 millones de trabajadores españoles se habían visto afectados por un ERTE. En el artículo 2 del Real Decreto-ley 9/2020, de 27 de marzo, se establece que no se pueden realizar extinciones de contrato de trabajo ni despidos, cuando esté justificado en fuerza mayor o en causas económicas, técnicas, organizativas y de producción. Es decir, no se puede despedir a los trabajadores que tienen que dejar temporalmente la empresa debido a la situación sanitaria.

En conclusión, el Gobierno de España declaró un estado de alarma con 6 prórrogas cuyo resultado fue una reducción considerable en el número de positivos, y lo hizo intentando proteger el empleo. Y ágilmente puso en marcha soluciones al desabastecimiento y la insuficiencia sanitarias generadas por los 14 000 millones de euros de recortes en este campo efectuados por gobiernos del PP.

Lo duro

Mientras el gobierno intenta contener la pandemia, Vox tramita un recurso de inconstitucionalidad. Según ellos, la Constitución española no permite la suspensión de los derechos fundamentales del título I de la misma al declarar un estado de alarma, sino solamente en estado de excepción o de sitio. Ni que decir tiene que Vox ha votado en contra del mismo, en repetidas ocasiones. Sus amigos del PP también votarán en contra del estado de alarma a partir del 20 de mayo.

Estaría muy bien pararse a reflexionar si Vox es tan constitucionalista como quiere aparentar. Recordemos que el Artículo 116.5 de la Constitución Española establece que no se puede proceder a la disolución del Congreso mientras estén declarados el estado de alarma, excepción o sitio. Sin embargo, el propio 31 de marzo de 2020, Vox pide la dimisión del Gobierno y su sustitución por un Gobierno de “emergencia nacional”, integrado por tecnócratas.  

Claro está que la excusa de la restricción de derechos por el estado de alarma le viene que ni pintado a Vox y al PP para acusar al gobierno de dictadura social-comunista. Acusación sin fundamento. Recordemos que el Artículo 116.2. de la CE establece que el estado de alarma se puede declarar por un plazo máximo de 15 días, y que para ser prorrogado necesita la autorización del Congreso de los Diputados. Y todos hemos visto, como cada quince días se negociaba y se votaba la prórroga.

Y yo me pregunto: ¿Dónde está la anormalidad democrática señores? ¿En que el PSOE utilice los medios legales de los que dispone para intentar contener la pandemia? ¿O en que Vox a la mínima oportunidad que tiene proponga un golpe de Estado?

Mientras el Gobierno protege puestos de trabajo mediante Expedientes Temporales de Regulación de Empleo, prohibiendo el despido. El PP y Vox votan en contra. Quizás piensan que lo mejor que puedes hacer para prevenir una crisis es despedir trabajadores.

Mientras el Gobierno de progreso discute y trabaja para aprobar el Ingreso Mínimo Vital, Vox califica esta medida social, presente en muchos países de Europa como Alemania, como “locura”. Claro, luego se abstienen, no vaya a ser que se cabreé con ellos la España que madruga.  

Y al igual que la oposición, las Comunidades Autónomas tampoco han dado tregua. La centralización de la administración para resolver el tema de la Pandemia ha enfadado a mucha gente. A mucha gente que vive de tener a España dividida en reinos de taifas. Las competencias en Sanidad, y la administración de una parte importante de los recursos corresponde tradicionalmente (desde 1978) a las Autonomías. Y quieren su trozo del pastel. Esta vez, Cataluña y el País Vaso tenían de compañeros a todas las Comunidades Autónomas donde gobierna la coalición PP-Vox-Ciudadanos. ¿Quién iba a decir que la derecha podría ser tan “progresista” con la descentralización? Esta vez, y desde luego no es la primera, la descentralización en España ha servido a las derechas.

Lo malo

Teniendo todo lo anterior en cuenta, es hora de hablar de las cosas que no están bien hechas. De las cosas que se pueden mejorar. Y a lo mejor proponer soluciones audaces.

Comencemos con la cesión de las competencias a las autonomías. El 13 de Julio de 2020 Sanidad traslada a las Comunidades Autónomas el “Plan de respuesta temprana en un escenario de control de la pandemia por COVID-19”. Hay que tener en cuenta que todas las actuaciones de intervención deben ser adoptadas respetando el marco constitucional de distribución de competencias entre las comunidades autónomas y el Estado. 

El texto establece que las comunidades deben garantizar una capacidad suficiente de recursos humanos en los servicios de Salud Pública; disponer de planes de contingencia; garantizar el funcionamiento adecuado de un sistema de información para la alerta precoz; asegurar la capacidad de laboratorio ante el posible aumento de la demanda diagnóstica; e identificar de forma precoz y buscar activamente los casos.

Pero a la vez da bastante libertad para gestionar la pandemia como cada gobierno autonómico considere. Por eso en un mismo país contamos con 17 maneras distintas de hacer frente a la pandemia. De ahí el caos y la aparente falta de liderazgo del Gobierno español, y de ahí los datos dispares de infectados.  

Seguiremos por la apertura de fronteras del pasado Julio de 2020 para permitir la entrada del turismo. Es obvio que si llevas cuatro meses de estado de alarma y a la primera que bajan los contagios abres las puertas de par en par al turismo, te expones a una segunda ola de la pandemia. Sabemos que medirles la temperatura a los turistas en el aeropuerto de poco sirve frente al periodo de incubación del virus. Sabemos también que solo se van a atrever a viajar los más temerarios, y por lo tanto hay una mayor probabilidad de que no sigan las normas de seguridad. Y, por último, sabemos que China tardó muchísimo más que nosotros en abrir las puertas al turismo extranjero. Para ser justos, China cuenta con muchas fábricas, y a nosotros el PSOE de Felipe González nos dejó con muy pocas. Nuestra economía depende del turismo. Pero poca economía vas a salvar, si por la situación sanitaria tienes que cerrar la hostelería, una y otra vez.

Ahora nos colocamos en Navidades. El día 2 de diciembre se suavizaban las restricciones a la movilidad, se permitían reuniones de 10 personas y visitar a familiares y allegados. Todo con tal de salvar la Navidad. Y lo entiendo, las compras de navidad significan mucho dinero. Y cuanto más dinero, menos crisis económica. Tal vez por eso al Gobierno se le ha olvidado que una medida de protección frente al covid-19 es la distancia social, y que por eso se debe controlar el aforo en centros comerciales y tiendas, cosa que no se hizo. Y lo que ocurre ahora es que nos encontramos navegando la tercera ola. Muchos, de nuevo en ERTE. Enhorabuena señores, hemos salvado la Navidad. Eso sí, a lo mejor el país se queda paralizado 4 meses hasta que estemos vacunados todos.

La única solución a estos dilemas, es recuperar nuestra industria productiva. Porque de está manera no dependeremos ni de servir copas a los ingleses, ni de vender vestidos fabricados en Taiwan. Es hora de reabrir todas las fábricas que cerró Felipe González y la UE. Es cierto que el Gobierno actual parece estar dando tímidos pasos en esta dirección. Esperaremos a ver que ocurre.

Por último, vamos a hablar del Ingreso Mínimo Vital. O, más bien, de los trámites burocráticos necesarios para conseguirlo. Como estudiante de Derecho que soy, comprendo que para todo tipo de ayudas es necesario entregar la documentación correspondiente que pruebe que no se está intentando estafar al Estado.

Pero, en un país donde un 39,9% de la población adulta no ha terminado la Educación Secundaria Obligatoria se hace bastante difícil que sepan hacer una “declaración responsable de ingresos y patrimonio”. Y lo más seguro, es que tampoco tengan idea de cómo conseguir una “Copia diligenciada por el Juzgado de la demanda de separación o divorcio, o copia de la denuncia de abandono del hogar familiar, o convenio regulador sellado y diligenciado por el Juzgado o, por último, testimonio de la aprobación judicial de las medidas provisionales en que se acuerde la guarda y custodia”.

Si se confunde hasta el lector de esta revista imagínense ustedes aquella persona que no ha terminado sus estudios básicos y tiene que entregar esta clase de documentos. Añadiéndole el plazo bastante ridículo de 10 a 15 días que te da la administración. La misma que ha tardado más de seis meses en contestarte.

Hay dos soluciones factibles para este enredo:

Por un lado, contratar más auxiliares administrativos. Por otro lado, contratar más trabajadores sociales, y tal vez asistencia jurídica, que ayuden con este tipo de gestiones a personas que no pueden comprender exactamente que tienen qué hacer para conseguir esta ayuda esencial para ellas. Y ya de paso, bajamos el desempleo.